Responsabilidad penal del funcionario público ante la corrupción durante el COVID-19

Curso Presencial Responsabilidad penal del funcionario público ante la corrupción durante el COVID-19: Relación de hechos ante CGR y el Ministerio Público

Asumir un cargo público conlleva la obligación de cumplir el juramento Constitucional de: “…¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? -Sí juro-. Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden…”, artículo 194 Constitucional; el cual está estrictamente vinculado con el artículo 11 de nuestra Carta Magna que señala:

“…Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento (…) La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública…”.

Nuestra Constitución Política, como máximo cuerpo normativo del país, exige que cada funcionario público asuma su función con estricto apego a la ley y a sus deberes de interés común, estableciendo los controles y la supervisión necesaria sobre los gastos de los fondos públicos; desviarse hacia conductas ilícitas constituyen acciones u omisiones inaceptables y que sin justificación alguna deben ser denunciadas y perseguidas penalmente por cada institución pública que conozca de ellas.

La Contraloría General de la República, como órgano superior y fiscalizador de la Hacienda Pública, ha facilitado un marco legal y estructural para que cada Institución lo active y cumpla fielmente sus alcances en el abordaje de la corrupción pública. No basta sólo el implementar los controles internos, sino que se requiere de una adecuada y constante supervisión de los mismos que permitan contrarrestar y enfrentar posibles o latentes focos de corrupción pública.

Nos agobia tiempos de pandemia donde las dificultades económicas que enfrenta el Estado son graves y, con ello, el presupuesto ordinario y extraordinario de aquellas instituciones públicas se ha reducido obligatoriamente para atender la emergencia epidemiológica nacional, circunstancia que exige un mayor uso debido y responsable de los gastos públicos.

La actuación individual y organizacional de los entes públicos debe basarse en una máxima de rectitud y de responsabilidad social; reprochándose con carácter y vehemencia aquellas conductas ilícitas de los funcionarios, siendo esta capacitación un insumo esencial para quienes están comprometidos con su labor diaria al servicio de la sociedad desde un cargo público y, que puedan activar correctamente las herramientas disponibles en la lucha contra la corrupción pública.

• Ampliar y fortalecer los conocimientos en la lucha contra la corrupción pública, utilizando los instrumentos procedimentales disponibles para hacerlo con eficacia y bajo las directrices de la Contraloría General de la República.
• Analizar el costo y beneficio de los controles internos en la lucha contra la corrupción pública.
• Concientizar sobre los deberes que asume el funcionario público en la visualización y denuncia de los hechos ilícitos que afectan su entorno institucional; agravados por tiempos de pandemia.